Bogotá, Prensa CODHES, 01/07/2009. La comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, entregó a la Corte Constitucional una serie de propuestas para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas en situación de desplazamiento y cuyos derechos están siendo vulnerados.
Las propuestas entregadas a la Corte están contenidas en cuatro documentos con lineamientos sobre la política de tierras, apuntes sobre la política pública de atención humanitaria, generación de ingresos y avances en la construcción de lineamientos de la política de vivienda de la población desplazada.
Los documentos se enmarcan en una solicitud que hizo la Corte Constitucional de Colombia el pasado 26 de enero de 2009, mediante el Auto 008 (sobre el Estado de Cosas Inconstitucional), el cual confirma la persistencia de una violación sistemática de los derechos de las personas en situación de desplazamiento en Colombia y le solicita al gobierno colombiano corregir sus políticas para subsanar las vulneraciones detectadas.
Frente al tema de la política pública de atención humanitaria, el documento presentado por la Comisión, plantea entre otros aspectos, que "la dimensión que ha alcanzado la crisis en términos cuantitativos y los recursos que se demandan para enfrentarla, hacen ineludible la búsqueda de soluciones".
Y sugiere "dedicar serios esfuerzos a la prevención del fenómenos del desplazamiento y al desarrollo de procesos oportunos e integrales de reparación, para contener la ampliación y el sostenimiento en el tiempo de las necesidades del apoyo de emergencia…" y propone "impulsar un debate objetivo sobre el estado actual en materia de política de atención humanitaria, sobre el marco conceptual y operativo, y sobre las posibles alternativas para aquellos ajustes o reformulaciones que se deban surtir".
Entre tanto en el documento sobre la política pública de tierras, la Comisión destaca que "existen factores y condiciones estructurales en el agro colombiano, entre ellas la prevalencia de una concepción de desarrollo rural marginadora del campesinado y de niveles elevados de concentración de la tierra, los cuales resultan determinantes a la hora de emprender una reformulación de la política de tierras para la población víctima del desplazamiento forzado".
Las otras dos propuestas contenidas en igual número de documentos, presentan antecedentes, generalidades, conclusiones y recomendaciones en torno a la generación de ingresos y sobre la política pública de vivienda para la población víctima del desplazamiento forzado. En este último punto, la Comisión señala que "se requiere asegurar la sostenibilidad de la vivienda, que el subsidio familiar de vivienda no resulta un instrumento adecuado para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda digna de la población desplazada, que la intervención del Estado en el manejo de la tierra no puede ser soslayada y que la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT- que se encuentra en curso es una buena oportunidad para implementar una política integral diferencial, entre otros aspectos de igual relevancia.
El Auto 008 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia estableció un cronograma con tiempos específicos y fijó el mes de julio de 2010 como fecha límite para que el gobierno presentara ante el alto tribunal sus propuestas frente a los requerimientos planteados. Por ejemplo, este primero de julio de 2009, venció el plazo para la entrega de la propuesta gubernamental en torno al diseño de mecanismos para la participación efectiva de la población desplazada.
El Auto 008 de 2009, fue emitido por la Corte Constitucional en respuesta a la audiencia realizada en diciembre de 2008 en la que se analizó el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento y que contó con la participación de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado y representantes del gobierno nacional, de los órganos de control, del Ministerio Público y Acnur.
La comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado está integrada por el Ex Defensor del Pueblo y ex Presidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, la periodista Patricia Lara, el Director Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica colombiana Monseñor Héctor Fabio Henao, el economista Luís Jorge Garay, el Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Dr. José Fernando Isaza, el Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA Rodrigo Uprimny Yepes, el Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Evelis Andrade, la dirigente Rosalba Castillo de la organización AfroAmérica XXI, el Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Orlando Fals Borda (qepd), el Presidente de la Corporación Viva">la Corporación Viva la Ciudadanía Pedro Santana, el Presidente de Codhes, Jorge Rojas y el director de Codhes, Marco Romero.
La Comisión cuenta con el acompañamiento internacional de la premio Nóbel de paz Rigoberta Menchú, la Organización Plan Internacional y el ex representante de ACNUR en Colombia Roberto Meier.