Bogotá, Prensa CODHES, 02/07/2009. Este viernes 10 de julio la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social-, deberá exponer en audiencia pública de rendición de cuentas ante la Corte Constitucional qué acciones ha realizado para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en Colombia. La diligencia se llevará a cabo de 8 am a 5 pm en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia del Palacio de Justicia.
La citación de la Corte se hizo a través del Auto 225 de 2009, que resolvió "presentar un informe detallado y pormenorizado acerca del cumplimiento de Acción Social hasta el 10 de julio de 2009, respecto de los componentes de registro de población desplazada, atención humanitaria de emergencia, fortalecimiento de la capacidad institucional, y coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, así como en relación con cada una de las órdenes emitidas por la Corte".
En este sentido, el gobierno colombiano deberá incluir en su informe un reporte sobre "El avance en el goce efectivo de derechos de la población desplazada, de conformidad con los indicadores de resultado de goce efectivo de derechos de la población desplazada adoptados por la Corte".
Deberá además hablar de sus avances en "la atención diferencial y la protección de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado; de la coordinación con las entidades territoriales de conformidad con la responsabilidad de coordinación que le compete a Acción Social"; del avance en "el cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte a partir de la constatación de la persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004" y del avance en "la superación de las falencias de los sistemas de registro caracterización de la población desplazada".
El auto 225/09, por medio del cual se hace esta citación de rendición de cuentas a Acción Social, hace parte de más de 40 pronunciamientos de la Corte Constitucional emitidos con posterioridad a la Sentencia T-025 de 2004 que declaró la sistemática vulneración de los derechos de las personas en situación de desplazamiento (estado de cosas inconstitucional) y que fue proferida luego que la Corte recibiera más de 1000 acciones de tutela frente al tema.